Hace más de un siglo, al calor de la Revolución Mexicana, se concibió en 1917 una nueva Constitución que fue la primera en el mundo en tener un carácter abiertamente social, fruto del pacto entre el Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza y la Casa del Obrero Mundial. Los derechos aquí consagrados, principalmente el derecho a la educación, los laborales y los de seguridad social, sirvieron de ejemplo para la redacción de otras constituciones en el mundo.
Pero a pesar de la innovadora impronta social que distinguía a la Constitución mexicana, no se establecieron los mecanismos suficientes para hacer realidad estos propósitos. Eran más un faro guía de lo que la generación revolucionaria anhelaba construir para el futuro. Es hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas que se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia (1938), y mucho tiempo después el Instituto Mexicano del Seguro Social (I943) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (1955).
Estas medidas, aunque positivas en un principio, crearon una diferenciación en la seguridad social de los individuos dependiendo de si se gozaba con un trabajo formal o no. En las primeras décadas del periodo posrevolucionario había más de 90 % de trabajadores informales. En la actualidad todavía son más de un 60 % de trabajadores que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, como acceso a la salud, prestaciones laborales y pensiones. Durante más de un siglo, la gran mayoría de los mexicanos no han gozado de una plena ciudadanía. El acceso a la seguridad social ha sido una de las muchas cuestiones que dividieron al país en ciudadanos de primera clase y segunda.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University
Desde 2005 López Obrador tenía muy claro que quería un gobierno que empezara a saldar las deudas históricas con los grupos más vulnerables. Y contra eso se opuso la derecha, con tal vehemencia que prefirieron hacer un fraude electoral en 2006 y vulnerar la inacabada transición democrática con tal de no otorgarle derechos sociales a los sectores más desprotegidos
Consciente de esta deuda histórica, cuando López Obrador fue alcalde de la Ciudad de México, instauró un Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores, un Programa de Gratuidad de medicamentos y servicios médicos para personas sin seguridad social, becas para estudiantes en vulnerabilidad social y el Programa para Madres Solteras. Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. Reclamaron que estos programas eran clientelares al más puro estilo priista del pasado. Falso. Omitieron de manera conveniente una diferencia sustancial: que estos programas se consagraron a través de un proceso legislativo en un derecho exigible y universal. Algo con lo que no contaban apoyos anteriores y que hace una enorme diferencia en materia de política social.
Desde 2005 que empezó su primera campaña presidencial, López Obrador tenía muy claro qué tipo de gobierno quería encabezar. Uno donde la base fuera la política social implementada en la Ciudad de México. Uno donde se hiciera patria para el oprimido y el humillado. Uno que empezara a saldar las deudas históricas con los grupos más vulnerables. Uno donde por el bien de todos fueran primero los pobres. Y contra eso se opuso la derecha desde un principio, con tal vehemencia que prefirieron hacer un fraude electoral en 2006 y vulnerar la inacabada transición democrática con tal de no otorgarle derechos sociales a los sectores más desprotegidos.
El argumento de la derecha es simple. Los programas serían una fuente del clientelismo político. Nunca repararon que su argumento le niega una ciudadanía plena a la mayoría de los mexicanos. O ignoraron que los grandes afectados son los que por décadas han financiado la modernización económica de México: los trabajadores del campo que subsidiaron la industrialización y los trabajadores informales que por décadas permitieron que los bajos salarios y las exiguas prestaciones del asalariado formal no terminaran en un estallido social similar al del proceso revolucionario.
Tampoco reparan en la otra cara de la moneda de sus argumentos. Muchos sectores de derecha, conservadores o simplemente sin imaginación económica, claman por una reforma fiscal que incluya a la informalidad laboral, mayoritariamente al comercio. ¿De verdad le exigen que paguen más impuestos (pagan permanente el Impuesto al Valor Agregado) a quienes carecen de servicios médicos, pensiones o las más mínimas prestaciones laborales? Es una irresponsabilidad y un descaro pedir esto sin que el Estado cumpla primero con sus obligaciones.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University
Esto es lo que hace la reforma tan histórica: después de un siglo, los derechos se vuelven universales, gratuitos y exigibles para la mayoría de la población que había sido discriminada por décadas
Hablan de clientelismo político. ¿Qué tal si discutimos acerca de los más de 20.000 millones de dólares que se les condonaron en impuestos a un puñado de empresas en los últimos dos sexenios? Bajo el argumento esbozado por la derecha, durante el neoliberalismo se produjo un clientelismo político que vinculaba a los grandes grupos corporativos con los gobiernos corruptos del PRI y del PAN.
Afortunadamente, poco a poco se están sentando las bases de un nuevo régimen. El pasado 10 de marzo, la Cámara de Diputados votó por mayoría una reforma constitucional al Artículo 4º que vuelve universales y exigibles los derechos sociales de los que carece la mayoría de la clase trabajadora en México. Esto es lo que hace la reforma tan histórica: después de un siglo, los derechos se vuelven universales, gratuitos y exigibles para la mayoría de la población que había sido discriminada por décadas. Dejan de ser simples derechos laborales para abordarse como derecho sociales elementales, como derechos humanos.
Pero a la derecha sigue sin parecerle esto. El PAN fue el único en votar en contra que la mayoría de la población tenga derechos sociales. A ellos les parece buena idea mantener ciudadanías de primera y segunda clase y que los mexicanos sigan naufragando en la incertidumbre o que los individuos asuman las responsabilidades que deberían ser del Estado. Quisieran seguir negándonos a los mexicanos los derechos más básicos de los Estados de Bienestar de los que gozan muchas democracias liberales desde hace décadas.
Aunque todavía falta la aprobación del Senado para que la iniciativa tenga rango constitucional, es solo cuestión de tiempo para que esto pase. Igual que durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, los programas sociales ahora se convertirán en derechos sociales universales y demandables, garantizados por un transitorio que especifica que el monto del presupuesto anual para cumplir con estas obligaciones no podrá ser nunca menor a lo asignado durante el ejercicio anterior.
Javier Buenrostro, historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y McGill University
Más allá de lo económico está el rescate de la dignidad de la gente y reconocimiento a su valor no solo como trabajadores, sino a la propia condición humana. Pequeño detalle despreciado por la economía y jurisprudencia durante la larga noche neoliberal
Este año se destinarán a estos derechos sociales más de 22.000 millones de dólares, divididos en 6.500 millones para la Pensión Universal de Adultos Mayores; 3.500 para diferentes becas de estudio y capacitación laboral; 700 millones para personas con discapacidad permanente y alrededor de 12.000 millones de dólares para atención médica y medicamentos gratuitos para gente que en la actualidad carece del derecho a la salud. Para garantizar lo último, se ha constituido al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), cuyos retos y misión ya hemos tratado con anterioridad.
A manera de epílogo diré que la importancia histórica de esta reforma ha sido desdeñada por la comentocracia mexicana que suele pertenecer a estirpes de prosapia política o intelectual. Personalmente, como un hijo de alguien que empezó a trabajar desde los 12 años como campesino y continuó durante más de medio siglo en casi puros trabajos informales, y que prácticamente nunca contó con acceso a salud ni préstamos laborales y menos con los derechos de una pensión para su vejez después de una vida trabajo, sé de la importancia en términos económicos de lo que representa esta reforma. Y más allá de lo económico está el rescate de la dignidad de la gente y reconocimiento a su valor no solo como trabajadores, sino a la propia condición humana. Pequeño detalle despreciado por la economía y jurisprudencia durante la larga noche neoliberal.
Es cierto, falta mucho por recorrer y podría haber ciertos traspiés en el camino, pero es un paso histórico y firme para que se puedan materializar los principios de justicia social plasmados en nuestra Constitución en 1917. No está mal para este gobierno empezar con lo que se había postergado por cien años.
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