La Justicia argentina le otorgó la prisión domiciliaria a Diego Arduino (42), culpable del asesinato del periodista Alejo Hunau en 2004, quien recibió la excarcelación temporal por estar entre los grupos de riesgo en medio de la pandemia del coronavirus, mientras en ese país se instaló la polémica frente a este tipo de medidas judiciales. El condenado, quien ya cumplió 14 de los 16 años de pena, tiene afecciones respiratorias.
Los jueces locales están respondiendo a planteos de los presos considerados vulnerables al covid-19, quienes solicitan dejar la cárcel luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le haya pedido a sus Estados miembros «garantizar la salud e integridad de las personas privadas de la libertad y sus familias». Sucede que en muchos penales del país sudamericano hay situaciones de hacinamiento y falta de higiene, lo que aumenta los riesgos potenciales para los reos y la sociedad en general, ante posibles focos de infección.
En ese contexto, muchos ciudadanos repudian que los reclusos cambien su modalidad de castigo por vías alternativas, y protestan desde los hogares haciendo sonar sus cacerolas por las noches, un rato después de aplaudir a los médicos. Sin embargo, la mamá de la víctima, Silvia Ontivero, sorprendió a varios al aprobar públicamente que el asesino de su hijo saliera de la cárcel, como medida excepcional por la emergencia sanitaria. ¿Cuáles son sus motivos?
Silvia Ontivero, madre de Alejo Hunau, asesinado en 2004
«No puede ir a la calle, solo dejará de estar hacinado. Tiene asma y EPOC, está destruido y mal alimentado, como muchos presos»
RT: Hace unos meses, usted se opuso a la libertad condicional del asesino de su hijo.
S.O.: Cuando un preso cumple el 80 % de la pena, se puede pedir ese derecho, como indica la ley. El Tribunal pidió mi opinión, a modo de consulta, y aquella vez me opuse. Sabía que tuvo momentos de mala conducta, violencia, y que no había aprovechado los cursos. Sabemos que las cárceles no son lugares para resocializar ni nada parecido, pero pensé que, en esos dos años que le quedaban debía esforzarse y usar todas las herramientas que le da el penal. La Justicia también dijo que no, y en febrero ordenó que se quedara dos años más hasta cumplir su condena completa.
RT: Y ahora, ¿por qué acepta la excarcelación?
S.O.: Dos meses después vino la pandemia, y todo cambia. ¿Qué va a aprender en estos días, donde se van a contagiar incluso los carceleros, médicos y enfermeros? ¿A dónde van a ir a parar? Un preso no pierde el derecho a ser atendido.
RT: ¿En qué sitio va a estar el condenado?
S.O.: Él formó una pareja en estos años con una chica joven, que tiene un hijo de seis años, y ofreció su hogar para recibirlo. Está vigilado con pulsera electrónica, no puede ir a la calle. Solo dejará de estar hacinado porque padece asma y EPOC. Está destruido y mal alimentado, al igual que muchos presos. Ha fumado como loco. Tiene todas las posibilidades de contraer covid-19, y contagiar.
Silvia Ontivero, madre de Alejo Hunau, asesinado en 2004
«No es un hijo de mala madre el que mató a Alejo, es un producto social»
RT: Usted se involucró mucho en la vida del criminal para conocerlo mejor. ¿Qué cosas descubrió?
S.O.: En estos 14 años dolorosos, además de asumir que Alejo no vuelve más, seguí la historia de esta persona. Supe que en su adolescencia tenía un correo electrónico, que era: «intoxicadodesdelos13@hotmail.com». Cuando mató a mi hijo, tenía 28, pero notamos que desde chico lo agarró la droga, y no podía parar. Vendía perfumes y hacía cosas insólitas para sobrevivir, pero también ofrecía drogas. Era un ‘dealer’.
RT: Pareciera que usted ve un trasfondo económico en la muerte de su hijo.
S.O.: Arduino fue a lo de mi hijo a buscar dinero, muy desesperado. Según una vecina, Alejo antes de morir dijo: «Si necesitás plata, andá a trabajar, como hacemos todos». Luego se escuchaba la TV fuerte, algo que a ella le pareció raro, porque él nunca miraba a Tinelli [un popular conductor de entretenimiento]. Al día siguiente no fue al trabajo, lo fueron a buscar y ya estaba muerto, desangrado con un golpe en la nuca. Alejo contaba con una notebook, filmadora y cámara de fotos, todo lo que tiene un periodista. Luego supimos dónde desbarató las cosas el ladrón. Le dieron solo 16 años de cárcel porque no se sabe si el golpe se lo dio solo para robarle, o si tenía la verdadera intención de matarlo.
RT: ¿Por qué se preocupó tanto por el entorno del delincuente?
S.O.: Desde muy jovencita milito en derechos humanos. Eso me da una perspectiva social de las cosas. No puedo dejar de interiorizarme sobre quién es el individuo. No es un hijo de mala madre el que mató a mi Alejo, es un producto social.
RT: En el marco de la pandemia, ¿qué le diría a esa parte de la sociedad que hoy se indigna porque algunas personas privadas de la libertad continúan su reclusión social por vías alternativas?
S.O.: Esa parte no me oiría, pero le diría que no se deje llevar por la operación mediática. Es una, como tantas otras que sufrimos, y sufriremos. Inventando situaciones, como que una horda de delincuentes pasea por la calle. Con las tapas de los diarios se culturiza, pero pocos han leído las recomendaciones de la OMS o la Cruz Roja, solo importan los títulos. Además, es un golpe al Gobierno, digamos lo que es. En Argentina hay menos muertos que en Chile [donde vive] por el coronavirus, pese a tener más del doble de población. ¿Por qué no se menciona eso?
RT: Hablando de medios, su hijo tuvo un gran desempeño como comunicador.
S.O: Es imposible no emocionarme cuando lo recuerdo. Hizo un programa maravilloso, llamado ‘El Ático’, que le valió un premio Martín Fierro. Mostraba las cosas que la sociedad no quiere ver, como la pobreza, la demencia, la prostitución y la vejez. Y se estaba armando una ONG, con el nombre ‘Ser Ciudadano’, porque él planteaba que nos faltaba mucho para ser ciudadanos de verdad. Tuvimos una relación muy intensa, y difícil, porque me lo sacaron cuando estaba detenida y lo tuve que recuperar vía judicial.
Referente en la lucha por los derechos humanos
Para opinar sobre el encierro, Ontivero sabe muy bien de lo que habla: pasó siete años presa durante la última dictadura militar. Hoy es una referente de los derechos humanos en la provincia de Mendoza. De hecho, una semana al mes cruza la cordillera desde el país vecino para participar de los juicios de lesa humanidad, donde es querellante.
Según sus declaraciones ante las autoridades locales, fue secuestrada por el grupo D2 a los 29 años, el 9 de febrero de 1976, unas semanas antes del golpe de Estado. Por aquel tiempo, era una militante peronista que participaba de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), «gremio que estaba a cargo de una patota sindical». Al momento del rapto, la golpearon frente al pequeño Alejo, que tenía tan solo cuatro. Así, el menor quedó a cargo del padre.
Al comienzo, pasó 18 días desaparecida, padeciendo todo tipo de torturas, con picana eléctrica y abusos sexuales incluidos: «Me violaron varias veces al día cuanto señor estaba de turno», relató. «La violación es para una mujer la situación mas indigna. Yo estaba vendada, no sabía quiénes eran. Podía resistirme poco, tenía solamente las piernas libres, pero hice lo posible y dí muchas patadas».
Después fue trasladada a la Penitenciaría Provincial, y luego al penal de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, permaneciendo privada de su libertad durante todo el ‘Proceso de Reorganización Nacional’, nombre que adoptó el propio régimen. «Éramos jóvenes y soñábamos con mejorar el mundo», recordó durante su testimonio.
Actualmente, Silvia participa en espacios dedicados a la memoria dentro de Mendoza. «Fuimos la primera provincia que mandó cuatro jueces a perpetua por connivencia con los ‘milicos'», le dice a este medio. Y finaliza: «Trabajo en todo lo que es derechos humanos, para que nunca se olvide. Para que nunca más».
Leandro Lutzky
