• Defensores de los inmigrantes exhortaron a los indocumentados a buscar ayuda médica si presentan síntomas de coronavirus pese a la regla de carga pública
  • “Podemos encontrar formas en que los servicios de las clínicas no pongan en peligro su estatus migratorio” indicó la directora de CCALAC
  • Un defensor aseguró que el temor a una deportación podría superar la urgencia de tratar un contagio de COVID-19

Ante el aumento del número de personas contagiadas con el coronavirus (COVID-19) en Estados Unidos, defensores de los inmigrantes exhortaron a los indocumentados a buscar ayuda médica si presentan síntomas de la enfermedad, superando el temor a ser catalogados como carga pública, reseñó la agencia Efe.

El llamado fue hecho por una coalición de organizaciones comunitarias y de salud del condado de Los Ángeles, ante la creciente preocupación de que los indocumentados posiblemente infectados con el virus no busquen ayuda en hospitales por la reglamentación de carga pública.

La regla, que entró en vigor el 24 de febrero, limita el acceso a la ciudadanía o a la residencia permanente de inmigrantes que reciban ayuda pública, incluyendo atención médica que no sea de emergencia.

“El coronavirus no discrimina pero la regla de carga pública sí lo hace”, advirtió en una conferencia de prensa Louise McCarthy, directora de la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles (CCALAC en inglés).

“Pero incluso si esta regla impacta a un inmigrante, esta no debería ser una razón para evitar recibir ayuda porque nosotros (las clínicas comunitarias) podemos encontrar formas en que sus servicios no pongan en peligro su estatus migratorio”, añadió.

El temor por la propagación del COVID-19 ha llevado a varios estados y condados a declarar el estado de emergencia para liberar recursos y atender la emergencia sanitaria, por lo que los líderes comunitarios urgieron a las autoridades a no olvidarse de las comunidades inmigrantes.

“Pedimos a los gobiernos locales, del condado y el estado que unan esfuerzos para apoyar a la comunidad inmigrante, que es la más vulnerable en esta crisis de salud”, subrayó Carlos Vaquerano, director de la clínica comunitaria Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Los Ángeles.

Vaquerano aseguró que el temor a una deportación podría superar la urgencia de tratar un contagio de COVID-19.

Un estudio reciente de Urban Institute encontró que en 2018, un año antes que el Gobierno del presidente Donald Trump presentara la regla, se encontró que uno en siete adultos de familias inmigrantes en el país evitaría recibir beneficios públicos por temor a ser considerado carga pública.

Aunque la medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en el país, los activistas advirtieron sobre la confusión que existe, y la posibilidad de que muchos inmigrantes puedan evitar consultar a un médico.

Al respecto, McCarthy advirtió que el personal de las clínicas comunitarias en Los Ángeles está capacitado para determinar quiénes se ven afectados, y cómo aquellos que estén en esta categoría pueden recibir ayuda sin ser expuestos a violar la regla de carga pública.

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