Las turbulencias bursátiles por la pandemia de coronavirus siguen presionando a la baja el peso argentino. El cambio oficial está ya en 65 pesos por dólar, pese al “cepo” que impide comprar más de 200 dólares al mes. El continuo deslizamiento es más perceptible en las cotizaciones paralelas: el dólar blue del mercado clandestino se compra a 83,7 pesos y el “contado con liquidez” generado mediante operaciones bursátiles supera ya los 89. Para dar una idea de la evolución de la divisa argentina es suficiente señalar que hace una semana el dólar blue se cambiaba a 78 y hace exactamente un año la cotización era de 43 pesos por dólar.
La crisis está llevando la economía argentina hacia territorio desconocido. La inquietud es perceptible en el mercado de valores: en la jornada del viernes, mientras las principales bolsas internacionales registraban un ligero repunte, el índice bonaerense Merval se mantuvo casi estable (+0,2%) apenas por encima de los 28.000 puntos, frente a los 35.500 de una semana atrás. El riesgo-país ya está en 3.124 puntos, lo que significa que para acceder a los mercados financieros internacionales (inaccesibles en este momento para el país) y conseguir un préstamo, Argentina tendría que pagar, en teoría, unos intereses superiores al 30% anual.
No es una novedad que la moneda argentina sea (descontando Venezuela) la más frágil de Latinoamérica, pero en estos momentos cada jornada de descenso reviste una especial gravedad. El Gobierno de Buenos Aires se enfrenta a una compleja renegociación de la deuda, con dos grandes acreedores: el Fondo Monetario Internacional por un lado (44.000 millones de dólares) y por otro los tenedores privados de bonos (por un volumen estimado en 68.842 millones de dólares). Cuanto más cae el peso, más voluminosa se hace la deuda en divisa estadounidense.
El valor real de los bonos argentinos se sitúa, en promedio y con variaciones según cada emisión, por debajo del 40% de su precio nominal. Es decir, lo que se emitió a un valor de 100 se compra ahora por menos de 40. Cuanto más se acerca el valor al 30%, según estimaciones de los inversores, más atractivo se hace el bono para los llamados “fondos buitre”, aquellos que no desean renegociar nada, sino que buscan rentabilidad demandando a Argentina ante los tribunales neoyorquinos y exigiendo el pago íntegro.
En estos momentos no se percibe ningún rasgo positivo en la economía argentina. El país está en recesión desde abril de 2018, el déficit fiscal se agrava por el descenso de precios de las materias primas (el Gobierno estima que no se logrará el equilibrio presupuestario al menos hasta 2022), la inflación se reduce poco a poco pero se mantiene alta (en febrero subió el 2%) y amenaza con descontrolarse de nuevo a causa de las devaluaciones, y sobre el cuadro macroeconómico pesa el coste aún desconocido que supondrán las medidas para contener la propagación del coronavirus.
El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, insistió el jueves en que los acreedores de Argentina tendrían que aceptar “la necesidad de un alivio sustancial” en la deuda (el propio FMI estimó en las conversaciones preliminares que los bonistas deberían renunciar aproximadamente al 40% de lo que invirtieron) y ser “flexibles por la emergencia global”. “Nos estamos quedando sin las reservas que el Tesoro puede utilizar para pagar la deuda, necesitamos resolver el problema rápidamente”, dijo a la agencia Reuters.
Numerosos analistas consideran que la coyuntura mundial no favorece una negociación rápida y bastantes entre ellos creen que cada día aumenta el riesgo de que Argentina caiga definitivamente en el default y suspenda de forma indefinida el pago de la deuda.
